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Adquirir un bien a crédito, o solicitar un préstamo, puede sonar muy atractivo y sacar a las personas de un apuro cuando lo necesitan, sin embargo, el proceso puede complicarse cuando el deudor se retrasa con el pago y a partir de 90 días de atraso se puede solicitar el apoyo de despachos de cobranza judicial. Si quiere saber qué pasa cuando tu deuda pasa a cobranza judicial, le invitamos a seguir leyendo para obtener toda la información que necesita.
La cobranza tiene 4 etapas con base en el tiempo en que se retrasa el cliente. La cobranza administrativa se da en la etapa inicial del retraso, que va del día 1 al 30 de mora. La cobranza extrajudicial comienza después del día 30 de la deuda vencida hasta los 90 días; mientras la cobranza judicial comienza a partir del día 91 de retraso. En el caso de la cobranza preventiva, no hay ningún retraso, por lo cual muchos no lo consideran un tipo de cobranza.
Consiste en la prevención de demora en los pagos de los clientes. La empresa envía de forma automática mensajes, correos electrónicos o alertas para recordar el pago al cliente y evitar que se retrase.
La cobranza preventiva se aplica a la cartera de clientes que tienen alto riesgo de demora en sus pagos. Esto suele detectarse mediante herramientas de gestión de cobranza que marcan automáticamente a clientes con dificultades económicas, clientes nuevos o endeudados por encima de sus capacidades económicas.
Al aplicar la cobranza preventiva se espera generar hábitos de pago en los clientes, recordarles la fecha en que les corresponde pagar y reducir la cartera vencida por retraso de clientes morosos.
Es la etapa inicial del proceso de cobranza, que va del día 1 al 30 de retraso respecto a la fecha de pago del cliente. Suele ser gestionado de forma interna por el área de finanzas de la empresa, en la que se usan los diferentes canales digitales para recordar el pago y, como último recurso, una llamada telefónica.
Este tipo de cobranza suele realizarse mediante el envío de mensajes de texto, correos electrónicos, notificaciones en aplicaciones o llamadas de recordatorio. El personal encargado de la cobranza preventiva suele utilizar un tono de comunicación cordial, amigable y suave.
La cobranza extrajudicial comienza a partir de 30 días de retraso en relación con la fecha de pago original. Usualmente, abarca hasta los 90 días, tiempo en que el acreedor manda mensajes de texto, llamadas o notificaciones para recordar el pago del adeudo y los intereses correspondientes.
Además, puede empezar a cobrarse un cargo por gastos de cobranza extrajudicial por la gestión del acreedor o la empresa de cobranza.
En esta segunda etapa de cobranza aún no se involucra a los tribunales, pero el tono del cobrador será un poco más agresivo y persuasivo para que el cliente pague lo antes posible.
Es la etapa más avanzada en la que se busca la recuperación de la deuda a través de un proceso judicial. Comienza entre 90 y 120 días después de la última fecha en que el cliente tenía que pagar.
En muchas ocasiones, los despachos de cobranza usan un tono amenazador, agresivo, que infunda el temor al cliente presentando órdenes judiciales (que suelen ser falsas) o documentos de embargo.
Es un conjunto de acciones que realiza el acreedor desde el día 30 de retraso en el pago por parte del cliente. En esta primera etapa del proceso de cobranza se aplican sistemas de cobro como mensajes de texto, notificaciones en aplicaciones, correo electrónico, llamadas, cartas, entre otros medios para informar al cliente que tiene un retraso en sus pagos.
Sin embargo, si sigue sin saldar su adeudo a pesar de los esfuerzos realizados por la empresa, el siguiente paso será una demanda de cobranza judicial. Cabe destacar que las empresas pueden omitir el proceso de cobranza extrajudicial y recurrir directamente a una judicial, que implica un costo económico muy alto.
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De acuerdo con el Artículo 284 Bis del Código Penal, la cobranza extrajudicial es ilegal, ya que muchos despachos de cobranza utilizan tácticas de intimidación, agresión verbal o amenazas para cobrar el adeudo.
Otras prácticas consideradas como agresivas y prohibidas son las llamadas telefónicas fuera de horario de oficina (8:00 a.m. a 8:00 p.m.) y las visitas de personal del despacho para amenazar con un embargo.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros CONDUSEF es la institución encargada de brindar información y asesoría a los usuarios que presenten reclamaciones relacionadas con despachos de cobranza.
Este proceso puede realizarse directamente por la institución con la que el usuario tiene un adeudo, o bien, a través de un despacho de cobranza. En este caso, el acreedor debe informar que la deuda ha pasado a otra empresa que se encargará de la cobranza.
Además, es importante asegurarse de que la deuda realmente pasó a otra institución y que está autorizada para hacer el cobro.
Si bien los intereses y mensajes de contacto al deudor pueden empezar desde el primer día de retraso de pago, el proceso de cobranza extrajudicial puede comenzar después de 20 días de retraso.
A partir del día 21 de morosidad, la empresa podrá comenzar a notificar al cliente sobre los detalles relacionados con la deuda con base en las leyes de cada estado para que conozca su responsabilidad ante la empresa con la que contrajo la deuda.
La cobranza extrajudicial legal puede durar del día 20 al 90 después de la fecha en la que el cliente tenía que hacer el pago.
Si el deudor se pone en contacto con la empresa para plantear un posible caso de emergencia que provocó la morosidad, podrá negociar los pagos posteriores para liquidar la deuda. Sin embargo, si después de 90 días no hay ninguna respuesta, puede comenzar la cobranza judicial a través del proceso jurídico en el que el juez evaluará la situación y planteará un plan de pago para el deudor, el cual debe cumplir a tiempo.
Si el deudor se pone en contacto con la empresa para plantear un posible caso de emergencia que provocó la morosidad, podrá negociar los pagos posteriores para liquidar la deuda. Sin embargo, si después de 90 días no hay ninguna respuesta, puede comenzar la cobranza judicial a través del proceso jurídico en el que el juez evaluará la situación y planteará un plan de pago para el deudor, el cual debe cumplir a tiempo.
La cobranza judicial es el proceso que busca recuperar las deudas de clientes morosos a través de un juicio de cobranza en el que un juez establece que la deuda debe ser saldada y emite un aviso al deudor.
Se inicia solo después de 90 días de retraso, usualmente las empresas recurren a despachos de cobranza externos que actúan como intermediarios o mediadores entre el deudor y la entidad financiera para requerir el pago de la deuda, o para reestructurar los pagos si el deudor tuvo algún problema por el cual no pudo pagar.
En algunas ocasiones, el juez puede desestimar el caso si el deudor comprueba una situación por la que no se pudo pagar el adeudo.
Si usted enfrenta una demanda judicial por adeudo, le recomendamos: En caso de enfrentar a despachos de cobranza, recuerde que ellos son intermediarios y que solo debe pagar al acreedor que tenga un registro legal de su adeudo y que represente a la financiera a la que usted le debe.
Evite la morosidad organizando sus pagos y ajustando los gastos que realice a su presupuesto para no caer en adeudos difíciles de pagar. Con esto evitará el sobreendeudamiento, el pago de intereses muy altos y tener que deshacerse de su patrimonio para liquidar sus deudas.
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De no pagar el monto en el tiempo estipulado por el juez, la empresa puede proceder con un proceso de liquidación de garantías y embargo de bienes cuyo valor sea proporcional a la deuda, los intereses y los honorarios de la cobranza judicial.
Los abogados son indispensables para llevar a cabo todas las etapas del proceso, contactar con el deudor, comenzar a interponer la demanda y monitorear todo el caso para no perder fechas de audiencias y saber el estado del juicio de cobranza para que la empresa pueda tomar decisiones oportunas y efectivas.
Si usted está enfrentando un caso de esta índole, contáctenos. En LEX & CO somos un despacho jurídico fiscal conformado por abogados bancarios para el manejo con entidades financieras y con gusto podemos asesorarle para enfrentar estos casos exitosamente o con alguna acción reivindicatoria o ejecución hipotecaria. Para más información, llámenos al teléfono 5568401076, mándenos un correo a firma.lex.co@gmail.com, escríbanos a través de nuestro formulario de contacto o WhatsApp.
Lic. Carlos Figueroa Rodríguez, abogado titular de Lex & Co. Cuenta con más de 10 años de experiencia en casos especializados en materia de demandas contra negligencias médicas y aseguradoras. Egresado de la Universidad Anáhuac y con Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Barra Nacional de Abogados, además, cuenta con un doctorado en Ciencias Jurídicas por la UCI México. Cédula profesional 6577215.
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